Las detenciones en pocos días de un político opositor y del  dueño de una televisora crítica con el Gobierno avivaron el debate sobre  las libertades y la democracia en Venezuela, donde los adeptos del  presidente Hugo Chávez niegan que se esté persiguiendo a las voces  opositoras.
 “Opinar en Venezuela  es un delito castigado con la privación de libertad. Rechazamos todo lo  que coarte la libertad de expresión en el país y la cacería de brujas  contra quienes asumen conductas de disidencia”, dijo a la AFP  el diputado opositor Juan José Molina.
 El lunes fue detenido  en Caracas Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado Zulia que opinó  en televisión que Venezuela se ha convertido en un centro de  operaciones que facilita el narcotráfico.
 Ayer, el presidente de  Globovisión, Guillermo Zuloaga, fue arrestado por unas declaraciones  pronunciadas en la isla de Aruba, e imputado por los supuestos delitos  de ofensa hacia Chávez y difusión de información falsa.
 “No son sucesos  aislados, todo se relaciona con la intención de buscar la autocensura,  la intimidación y el miedo a expresarse libremente”, lamentaron en una  nota de prensa varios ex gobernadores venezolanos.
 En ambas detenciones  la petición de investigar estas declaraciones emanaron de la Asamblea  Nacional (AN), dominada por el oficialismo y que será renovada el  próximo septiembre.
 “La libertad de  poderes es inexistente y la Asamblea Nacional está siendo usada por el  Ejecutivo para legitimar acciones antidemocráticas. Es el brazo ejecutor  de la persecución de los ciudadanos. Estamos angustiados porque se  perdió la racionalidad democrática”, recalcó Molina.
 La versión  “Roja rojita”
 Sin embargo, para el  responsable de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación de la  AN, Manuel Villalba, el dueño de un medio de comunicación no tiene carta  blanca para realizar cualquier declaración.
 “Este es un Gobierno  que garantiza plenamente la libertad de expresión (…) Usted puede  expresar su opinión, pero también tiene que ser consciente de que esas  opiniones conllevan responsabilidades”, dijo.
 Defendiéndose de  quienes califican estas detenciones de persecución, la fiscal general de  la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que en Venezuela se procesa  “por los delitos que supuestamente se cometieron y sin hacer distinción  alguna en función de la militancia política”.
 ¿Se debilita  el Gobierno?
 Pero diferentes  líderes opositores venezolanos consideraron que estos hechos tienen que  ver con un “debilitamiento” del Gobierno de cara a las elecciones  legislativas del 26 de septiembre.
 Según consultoras  fiables, la popularidad del presidente Chávez se ha reducido varios  puntos desde enero.
 El Gobierno “sabe que  los ciudadanos responsabilizan al presidente de los apagones, la  inseguridad, los cortes de agua y por eso creen que con estos actos de  amedrentamiento lograrán silenciar a la dirigencia democrática”, estimó  el presidente del partido Copei, Luis Ignacio Planas.
 “Estas actuaciones del  oficialismo lo que demuestran es que ya se saben en minoría y arremeten  contra los demócratas, para generar un clima de desesperanza y lograr  que los ciudadanos no salgan a votar”, señaló un comunicado del partido  Un Nuevo Tiempo (UNT).
 Repudio  internacional
 Más allá de las  fronteras de Venezuela estos arrestos fueron recibidos con una seria  inquietud.
 En un comunicado, la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su  preocupación por “la falta de independencia del poder judicial” y “la  utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas”.
 Además, el miércoles,  el departamento de Estado norteamericano se mostró “seriamente  preocupado” por la detención de Álvarez Paz, calificada como “el último  ejemplo del continuado ataque del gobierno a la libertad de expresión”.
 Estas declaraciones  merecieron que el Gobierno emitiera anoche una nota de protesta hacia  Estados Unidos por “injerencia”.
                                
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