«Cero, o casi cero. Las posibilidades son escasísimas». Los servicios jurídicos del Estado no pueden ser más claros y así se lo han hecho saber a Moncloa: conseguir la extradición del etarra Arturo Cubillas Fontán, el supuesto adiestrador de militantes de ETA en Venezuela, será misión imposible. Al margen del evidente desinterés del Gobierno de Hugo Chávez por detener al supuesto terrorista nacionalizado venezolano, la legislación de la República Bolivariana y los tratados bilaterales aparentemente le servirán de escudo ante cualquier petición de entrega judicial.
El Gobierno español, por el momento, no piensa mover ficha, según han informado responsables del Ejecutivo. El próximo paso, entienden los abogados del Estado y los expertos de Exteriores, solo lo puede dar el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco: pedir formalmente la extradición.
Este juez es que el instruye el sumario 75/09, en el que se centralizan las investigaciones sobre la supuesta relación de ETA con las FARC en territorio venezolano. Velasco ha recibido en los últimos días de mano de su colega Ismael Moreno la parte del sumario sobre el 'comando Donosti' que revela que los dos últimos etarras detenidos por la Guardia Civil, Javier Atristain y Juan Carlos Besance, fueron adiestrados en 2008 en Venezuela.
Fue Velasco el que el 24 de febrero de este año ordenó la búsqueda y captura internacional de Cubillas junto a otros once miembros de ETA y las FARC por sus entrenamientos conjuntos en la selva amazónica. Según han informado mandos de la lucha antiterrorista, el 1 de marzo la sede central de Interpol en Lyon distribuyó en sus 188 países asociados el 'código rojo', la orden de captura 'prioritaria' a efectos de extradición contra Cubillas por los delitos de tenencia de explosivos, colaboración con banda terrorista y conspiración para cometer homicidios terroristas. Sin embargo, el 'código rojo', la máxima alerta policial de Interpol, ha sido ignorado por las autoridades venezolanas, que, siete meses y medio después, ni siquiera han notificado que Cubillas se encuentra en su territorio nacional.
El aviso de la localización de Cubillas, en condiciones normales, hubiera sido suficiente para que la Audiencia Nacional reclamara automáticamente la detención inmediata para su extradición. Según responsables judiciales, a falta de esa notificación que jamás va a llegar, Velasco tiene intención de pedir la entrega judicial basándose en las «evidencias públicas» de que Cubillas se encuentra en Venezuela, empezando por la carta que envió la pasada semana a la Fiscalía de Caracas clamando por su inocencia.
El Gobierno, por boca de la vicepresidenta Fernández de la Vega, ya ha anunciado que tramitará de inmediato la petición de extradición y ahí empezará la «yincana jurídica» en la que con toda probabilidad quedará atrapada la petición. El primer obstáculo ya parece insalvable. Es el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana, que expresamente «prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas». Arturo Cubillas a todos los efectos es venezolano desde, al menos, 2004, cuando fue nacionalizado y obtuvo el pasaporte, la cédula de identidad y el derecho al voto.
Más todavía, el artículo 8.1 del tratado de extradición hispano-venezolano vigente (el de 1990) deja abierta la puerta a que cualquiera de los dos países «pueda rehusar la concesión de la extradición» de sus propios nacionales.
Pero no todo estaría perdido, según los responsables de Exteriores. La Constitución Bolivariana en su artículo 35 reitera que «los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad», pero matiza que «la nacionalidad venezolana por naturalización (como es el caso de Cubillas) podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley».
«Resquicio muy remoto»
Los juristas internacionales del Estado creen que el único «resquicio remoto de éxito» sería probar que Cubillas hizo por nacionalizarse venezolano precisamente para impedir de forma «fraudulenta» su entrega a España, una excepción que también se contempla en el tratado de extradición. El problema radica en que el presunto etarra consiguió el pasaporte en 2004, cuando España no le reclamaba, y después de cumplir por partida triple los requisitos que el artículo 33 de la Constitución de Venezuela establece para la naturalización: residencia ininterrumpida por diez años, o residencia de cinco años si el solicitante es de nacionalidad española, o matrimonio con un venezolano de origen.
Así las cosas, solo cabría que Cubillas perdiera la nacionalidad por la sentencia de un tribunal venezolano tras ser condenado por un delito, pero las autoridades de la República Bolivariana ya han insistido hasta la saciedad en que el historial del etarra en su territorio está absolutamente limpio.
Venezolanos denunciarán a Isaías Rodríguez en Parlamento español
Publicado por ricardog / ImpactoCNA.-Miami
La periodista Patricia Poleo y el teniente de la GN venezolana José Antonio Colina, anunciaron en una rueda de prensa, que denunciarán al embajador de Venezuela en España Isaías Rodríguez ante el parlamento de ese país, por violación a los Derechos Humanos.
Poleo y Colina, ambos exiliados en Estados Unidos, hicieron un recuento de cómo Isaías Rodríguez en su calidad de Fiscal General de la República emprendió a partir del año 2002 una persecución judicial contra la oposición política en Venezuela, forjando expedientes y pagando testigos falsos, convirtiendo así en criminales comunes y terroristas a quienes se enfrentan al Gobierno de Hugo Chávez, mientras engavetaba al mismo tiempo, las denuncias que en su despacho recibía sobre corrupción y violaciones a la Constitución Nacional por parte del Régimen.
Patricia Poleo hizo una exposición detallada sobre el Caso Anderson, en el cual Isaías Rodríguez personalmente acusó a varios venezolanos de ser los autores intelectuales del asesinato del Fiscal Danilo Anderson en el año 2004, comprando testigos falsos, forjando actas judiciales e impidiendo que los acusados pudieran defenderse. Durante esta investigación fueron asesinados por la policía dos de los señalados por Isaías Rodríguez, Juan Carlos Sánchez y Antonio López Castillo.
Luego de descubrirse el montaje judicial de Isaías Rodríguez en este caso, por declaraciones de fiscales y testigos que utilizó para el forjamiento del expediente, el Gobierno de Hugo Chávez lo protegió enviándolo de embajador a España, país dónde se le dio el plácet a pesar de sus antecedentes, mientras los acusados injustamente en el Caso Anderson, pagan cárcel unos y otros se encuentran exiliados, aún con el juicio en su contra abierto en Venezuela. Los fiscales cómplices de Isaías Rodríguez en el forjamiento de actas se encuentran en libertad en Venezuela, fuera del Ministerio Público ejerciendo el Derecho libremente.
La periodista además recordó que la mayoría de los presos políticos en Venezuela, fueron encausados por Isaías Rodríguez, y muchos de ellos fueron condenados hasta a 30 años de cárcel sin pruebas, y sin darle derecho a la defensa. Enumeró algunos de los casos como el de los gerentes de la industria petrolera, el presidente de la CTV Carlos Ortega, el dirigente estudiantil Nixon Moreno, la expresidenta del Consejo de la Judicatura Gisela Parra, el expresidente de Fedecámaras Carlos Fernández, el empresario Eligio Cedeño entre los exiliados.
Entre quienes están presos se encuentran los comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis, además de 6 policías metropolitanos.
“Isaías Rodríguez –dijo la periodista Poleo- defiende ahora a los etarras presos en España, asegurando que han sido torturados, cuando él mismo ha sido el gran esbirro del Régimen chavista”.
Por su parte, el teniente José Antonio Colina, expuso en detalle el caso de las bombas colocadas en las embajadas de Colombia y España en Venezuela, por lo cual también fueron acusados injustamente varios venezolanos, utilizando el mismo procedimiento de forjamiento de actas y testigos falsos. Por este caso se encuentran presos en Venezuela el general Felipe Rodríguez, los ciudadanos Luis Chacín Sanguines y Silvio Mérida Ortiz y en el exilio el coronel Giuseppe Pillieri, y los tenientes Germán Varela López y el propio José Antonio Colina.
El teniente Colina además explicó que fue Isaías Rodríguez quien corrompió el Ministerio Público ante el cual ahora se presenta el etarra Arturo Cubillas pidiendo “ser investigado”.
La denuncia ante el parlamento español, la harán decenas de perseguidos y presos políticos con el apoyo de Fundaprefc, la Fundación que ha emprendido la campaña internacional “Libérenlos Ya” a favor de los presos políticos en Venezuela.
SOBRE INTERPOL
La periodista Patricia Poleo, también denunció el uso que el gobierno de Hugo Chávez hace de Interpol, para más allá de las fronteras perseguir a sus opositores.
El caso más reciente, es el del general Néstor González González, quien ya tiene ocho años entre la clandestinidad y el exilio en Costa Rica, y la semana pasada, cuando se anunció que sería testigo en España sobre la cooperación del Gobierno de Hugo Chávez con la FARC y la ETA, el Ministerio Público venezolano hizo la solicitud de su captura ante Interpol para evitar que viajara a España a prestar testimonio.
Poleo explicó que actualmente son decenas los casos que se están revisando en Interpol de venezolanos que ya tienen incluso asilo político en diferentes países y a pesar de eso, siguen en las pantallas de Interpol como solicitados, pues el Gobierno de Hugo Chávez envía permanentemente expedientes falsos a Interpol solicitando las detenciones, de manera que éstos perseguidos terminan teniendo al país que les da refugio como cárcel.
La periodista mencionó el caso de Mario Rocco, un ex escolta civil del presidente Carlos Andrés Pérez durante el golpe de Estado del año 1992, que fue detenido hace tres semanas en España por Interpol por un caso que ya había sido juzgado por los tribunales en Venezuela y que fue estratégicamente reactivado ante Interpol.
La periodista Patricia Poleo hizo un llamado al secretario general de Interpol, Ronald Noble para que se revise cada uno de los expedientes que envía Venezuela, pues sin saberlo, Interpol se ha prestado para que el Régimen de Hugo Chávez pueda cometer injusticias más allá del omnímodo poder que maneja en Venezuela.