jueves, 7 de julio de 2016

COMUNICADO MUD

 

Venezuela: Crisis humanitaria, Revocatorio, Diálogo y Provocaciones del Gobierno

Venezuela: Crisis humanitaria, Revocatorio,  Diálogo y Provocaciones del Gobierno

La Mesa de la Unidad Democrática se dirige al país y al mundo


El régimen presidido por Nicolás Maduro está desarrollando un discurso y una práctica insultante y provocadora, que se acentúa en la medida que se agrava su propia debilidad y aislamiento.

Pero ese discurso y esa práctica represiva y provocadora no logra ocultar la realidad: El nuestro es un país de apenas 30 millones de habitantes, cuyo Gobierno ha recibido en los últimos 12 años un millón de millones de dólares sólo por concepto de factura petrolera, sin contar otros 300 mil millones de deuda externa adquirida en forma irresponsable y posiblemente delictuosa. En esta nación son ya numerosos los venezolanos asesinados en disturbios por hambre, muchos han fallecido por falta de medicinas y se cuentan por centenares de miles los que han perecido a manos del hampa impune. Con un gobierno lleno de riquezas, Venezuela es hoy el país con la inflación más alta del mundo, con una escasez de medicamentos que bordea el 90% de los requerimientos habituales y con una de las más altas cifras de criminalidad del planeta.

La inmensa mayoría de la población clama por dar a esta injustificable crisis humanitaria una solución urgente. La Mesa de la Unidad Democrática encabeza los esfuerzos para que esa solución sea democrática, pacífica, constitucional y electoral. Esta posición no ha cambiado ni cambiará, pese a las provocadoras acciones producidas en los últimos días por el Gobierno Nacional.

La MUD se ha pronunciado reiteradamente a favor de una salida política, constitucional y de diálogo a la grave situación que vive nuestro pueblo. Hemos reiterado que la principal responsabilidad de esta situación es del Gobierno. Pero nuestra responsabilidad con el pueblo es hacernos cargo del futuro de nuestro país. La comunidad internacional se ha expresado a favor de un dialogo nacional. Unasur ha propuesto una mediación con tres expresidentes, pero también el G7, la UE y la OEA han respaldado un proceso de diálogo. La MUD afirma que no será el Gobierno quien defina la agenda del diálogo, y por tanto rechaza las pretensiones de establecer las condiciones del mismo.

En efecto, con la negativa oficial a abrir un canal humanitario que permita el ingreso al país de toneladas de alimentos y medicinas que ayuden a paliar de inmediato el dolor de las víctimas de la crisis humanitaria; con el hostigamiento a los presos políticos y la captura de nuevos presos de conciencia, y con la agresión sistemática contra la separación de poderes y el desconocimiento a las competencias del Poder Legislativo electo por el pueblo, el Gobierno pretende que la MUD le facilite la huida de un proceso de diálogo con presencia ampliada de la comunidad internacional, asignando a los demócratas venezolanos esa responsabilidad. Pierde su tiempo el Gobierno si cree que puede definir la agenda política de la oposición. Por ello reiteramos ante el país y el mundo los requisitos que consideramos absolutamente necesarios para un inicio positivo de un diálogo genuino y útil. Estos son:

1. Es necesario ampliar la mediación. Consideramos fundamental la participación de un representante de la Santa Sede y la incorporación de más expresidentes. Tal y como se recoge en resoluciones de la OEA, dicha organización puede también sumarse a esta iniciativa de diálogo, a través del grupo de amigos de Venezuela o cualquiera de las ampliaciones mencionadas u otra iniciativa que se acuerde.

2. La MUD considera esencial que el lugar de las reuniones sea una nueva propuesta pactada que deberá concretar la facilitación. Agradecemos la hospitalidad brindada hasta ahora por República Dominicana, pero en beneficio de la calidad y utilidad del proceso de debate consideramos que debe ser otro u otros los lugares donde se produzca el encuentro.

3. La MUD reitera que no tolerará ningún ardid para que no se vayan cumpliendo los trámites del referendo revocatorio y así exigimos las oportunas garantías a los facilitadores. Para ello es fundamental que se pueda contar con un cronograma público, en el que aparezcan con claridad tanto el revocatorio como todo otro evento electoral.

4. La MUD ha trasladado a los facilitadores la insostenible situación de las nuevas detenciones ilegítimas que el gobierno ha perpetrado desde la llegada de los expresidentes el 19 de mayo, y exige la liberación inmediata de los afectados.

5. De igual forma la MUD ha reiterado que sin respeto a la Asamblea Nacional no habrá posibilidad de diálogo real, el cual se ve interferido con agresiones como la sobrevenida sentencia que pretende limitar la asistencia jurídica especializada para la Asamblea Nacional.

Este es el marco claro que la MUD establece para el diálogo. Esperamos que los facilitadores propongan lugar y fecha para la primera reunión y al propio tiempo sean garantes del esfuerzo para alcanzar las condiciones aquí establecidas, para que podamos llevar a cabo un diálogo útil, serio y efectivo que permita resolver la profunda crisis que vive nuestro país.

En estos términos, la MUD está dispuesta a asistir a la primera reunión de un auténtico diálogo nacional a partir del día 12 de julio. Así lo ha trasladado a los facilitadores.

Por la Mesa de la Unidad Democrática,
La Secretaría Ejecutiva
Caracas, 7 de julio de 2016

7/7/2016 2:03pm

 

 

 

martes, 5 de julio de 2016

COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD

 

 

 




COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD

 

Las organizaciones abajo firmantes, luego de evaluar el desarrollo del proceso de validación de manifestaciones de voluntad realizado entre los días 20 y 24 de junio de 2016, fijamos posición frente a la actuación del Consejo Nacional Electoral y las condiciones en las que se realizó dicho proceso.

 

En primer lugar, queremos felicitar a la ciudadanía venezolana por la muestra de civismo y actitud democrática demostrados durante las cinco jornadas que duró el proceso de validación. Es evidente que el pueblo venezolano cree y valora los mecanismos democráticos de participación establecidos en la Constitución como la mejor manera de dirimir los graves conflictos sociales que vive nuestra nación.

 

No obstante, observamos con mucha preocupación que las instituciones llamadas a cumplir lo establecido en nuestra Carta Magna toman decisiones que, lejos de facilitar, obstruyen y dificultan el ejercicio de los legítimos derechos de la ciudadanía consagrados constitucionalmente. Durante las últimas semanas, el Consejo Nacional Electoral ha abandonado los principios que deben guiar su actuación, según lo señalado el Artículo 293 de la Constitución: "…Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia en los procesos electorales,…".Por el contrario, se evidencia que el Consejo Nacional Electoral toma decisiones que constituyen una clara expresión de parcialización política e inequidad en el ejercicio de los derechos políticos, generando desconfianza en la ciudadanía por su actuación claramente orientada a favorecer a una parcialidad política, y demostrando con sus actuaciones un muy bajo nivel de transparencia, acompañada de una muy ineficiente conducción del proceso de activación del referéndum revocatorio; que contrasta con el alto nivel de tecnificación demostrado en otros procesos en los que se ha sido capaz de organizar elecciones nacionales en 45 días.

 

En segundo lugar, consideramos preocupante que el Consejo Nacional Electoral haya retrasado sistemáticamente la activación del referéndum y haya establecido requisitos no previstos en la Constitución o en las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular aprobadas en 2007. Esto ha supuesto la exclusión de facto de manifestaciones de voluntad para la activación del referéndum revocatorio, bien sea mediante formalismos excesivos en el procedimiento de verificación de las planillas entregadas por los promotores el 2 de mayo de 2016, o bien por las dificultades impuestas para el procedimiento de validación de manifestaciones de voluntad mediante mecanismos biométricos de identificación en cantidades claramente insuficientes para logra la validación de todos los firmantes, ignorando que en el Artículo 10.e de su propia normativa se estipula que "Se establecerá una plataforma de identificación biométrica por cada 1.000 ciudadanos o ciudadanos solicitantes". Por lo que, en lugar de colocar 300 capta-huellas, debió haber dispuesto 1.352, como consecuencia de que se habían validado 1.352.000 manifestaciones de voluntad.

 

Asimismo, los criterios para distribución de las mismas no respondieron a criterios técnicos basados en la concentración poblacional de los ciudadanos en las planillas entregadas. Por el contrario, se establecieron centros de validación en lugares alejados, de baja densidad electoral y difícil acceso, al tiempo que hubo municipios de alta densidad electoral en los que no se estableció ningún centro de validación. Adicionalmente, se cerraron los centros de validación a las 4:00 pm, aun cuando permanecían ciudadanos en cola para validar su manifestación de voluntad, con lo cual se les negó el ejercicio efectivo de sus derechos políticos consagrados en la Constitución vigente. Tales prácticas son violatorias del derecho a la igualdad que tienen todos los votantes, al tiempo que también se violó el principio de acceso y cercanía del centro de votación al elector, derechos y principios establecidos en los artículos 3 y 106 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, aplicables analógicamente a este caso.

 

El Consejo Nacional Electoral ha evidenciado un comportamiento contrario a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al impedir el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. En este sentido, exigimos al Consejo Nacional Electoral ajustarse a los principios de celeridad, transparencia y eficiencia en la administración de éste y todos los procesos electorales subsiguientes.

 

En tercer lugar, queremos llamar la atención sobre las siguientes fases del proceso. Por un lado, conminamos al CNE a cumplir con lo establecido en sus propias Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular en lo relativo a la auditoría y revisión biométrica, entregando el resultado de la misma dentro del plazo establecido por dichas normas.

 

Por otro lado, en lo relativo a la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad, cabe recordar que este porcentaje corresponde a la circunscripción nacional, pues es la que la Constitución establece para a la elección del Presidente de la República; por lo que cualquier intento de distribuir dicho porcentaje proporcionalmente según entidades federales es arbitrario, sesgado, contrario y violatorio de la Constitución. También es importante señalar que, para la recolección de dicho 20%, tienen derecho a participar todos los ciudadanos inscritos en el registro electoral; motivo por el cual para la recolección de las manifestaciones de voluntad para la petición de referéndum revocatorio del mandato del Presidente de la República el CNE debe generar las condiciones para garantizar el ejercicio irrestricto de tal derecho habilitando todos los centros y mesas de votación, incluyendo las embajadas y oficinas consulares. Ello con el fin de que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad de manifestar su voluntad mediante un proceso eficiente y que goce de la celeridad de la que sabemos que el CNE es capaz por procesos anteriores.

 

Nuevamente demandamos al Consejo Nacional Electoral que haga pública la convocatoria y el cronograma de las elecciones regionales, ya en mora considerando que las mismas deben celebrarse antes del 16 de diciembre de 2016, día en el cual se vencen los mandatos constitucionales de los gobernadores y miembros de los Consejos Legislativos electos el 16 de diciembre de 2012.

 

Finalmente, insistimos en que las fuerzas políticas presentes en la Asamblea Nacional retomen con carácter urgente el trabajo ya iniciado por la Comisión de Política Interior hace varios meses para avanzar en la aprobación de una reforma electoral orientada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de todos ciudadanos, mediante el restablecimiento de la legalidad, integridad y equidad de los procesos electorales a fin de recuperar la confianza de los electores sobre los procesos comiciales y sus resultados, y limite en su justa medida la excesiva discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral en la conducción de los procesos electorales.

 

Caracas, 29 de junio de 2016

 

Centro de Estudios Políticos, Universidad Católica Andrés Bello.

Ciudadanía Activa.

Control Ciudadano

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia.

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Súmate.

Transparencia Venezuela.

 

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