domingo, 20 de diciembre de 2015

Oferta legislativa para el cambio

Oferta legislativa para el cambio




Este documento resume los enunciados y contendidos generales de las
principales leyes y actuaciones legislativas que puede ejecutar una
nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora, para lograr un cambio
de rumbo sin demoras hacia una mejor calidad de vida.
1.ACTIVIDAD NORMATIVA

Consistiría en debatir y aprobar los siguientes proyectos de ley o
reformas a las leyes existentes en área claves:
1. Abastecimiento

La finalidad es dictar y/o reformar leyes que faciliten la
distribución de productos esenciales y reformar o derogar normas que
dificultan la circulación de bienes como La Ley de Seguridad
Agroalimentaria y la Ley de Precios Justos. Los instrumentos más
relevantes a considerar serían:

Ley de Abastecimiento Pleno

Su objeto es eliminar trabas y facilitar trámites que obstaculizan la
circulación de bienes como guías de movilización, certificados de no
producción, renovación de registros y mecanismos de compras
restringidas. Igualmente establecer temporalmente incentivos para la
importación de rubros como alimentos, medicamentos y productos de aseo
personal, tales como la exoneración de aranceles, IVA sobre las
importaciones y la catalogación de rubros prioritarios en la
asignación de divisas.

Ley Marco para el Incremento de la Productividad

Se trata de un instrumento general que brinde a los inversionistas
seguridad jurídica para que inviertan con facilidad y rapidez sus
capitales en áreas productivas estratégicas. Esta ley ordenaría la
tramitación expedita de licencias y permisos, eliminaría o rebajaría
sustancialmente las tasas que pechan el aumento de capital de las
empresas, así como otros certificados como el Código de Productos
Envasados cuya obtención se agilizaría mediante un número provisional.

Igualmente derogaría todas aquellas normas que suponen riesgos
punitivos con privación de libertad para los administradores de las
empresas o límites a la inversión extrajera. Finalmente dejaría sin
efecto la declaratoria de utilidad pública que pone en riesgo la
propiedad los activos de los empresarios privados y ordenaría la
revisión de todas las leyes que establecen competencias discrecionales
abiertas para expropiar, intervenir u ocupar empresas.

Ley de Reversión Expropiatoria

Mediante esta Ley se pretende reversar los procedimientos
expropiatorios y establecer condiciones y garantías para que los
inversionistas cuyas empresas han sido expropiadas o intervenidas
puedan reactivarlas a la brevedad para lo cual se podrían establecer
incentivos fiscales y acuerdos indemnizatorios a mediano plazo. La
idea es privilegiar la reactivación de empresas en rubros esenciales
como alimentos, medicamentos, productos de limpieza del hogar y aseo
personal.
2. Protección al Consumidor

Al promulgase la primera Ley de Precios Justos, se abandonó el sistema
de protección al consumidor que existía en leyes anteriores.
Actualmente los derechos del consumidor apenas están listados en la
Ley de Precios Justos. Debido a ello es importante dictar una ley
autónoma en esta materia, el instrumento sería una:

Ley de Protección y Educación al Consumidor

Su objeto sería desarrollar los derechos del consumidor en temas que
hoy han quedado sin ninguna normativa que los soporte como por
ejemplo: Situación de los presupuestos incumplidos; garantías de buen
funcionamiento; devoluciones de productos y reintegro de precios y
ofertas engañosas entre otros. Esta ley también podría eliminar la
trabas que implican obtener autorizaciones previas para lanzar ofertas
y promociones a que al final benefician al consumidor.
3. Seguridad Ciudadana

La inseguridad personal es uno de los problemas más graves que
enfrenta a diario la ciudadanía en Venezuela, en especial quienes
habitan en las zonas más populares. De hecho esta es quizás una de las
primeras causas del éxodo de talentos y personas jóvenes de todos los
estratos sociales. La solución a este problema es muy compleja y pasa
por diversas áreas como prevención, mejoramiento laboral de los
cuerpos policiales, e incluso un profunda reforma del sistema
judicial. Sin embrago en lo inmediato, sería factible como primera
medida dictar una:

Ley de Coordinación Policial

El objeto de esta ley sería dar fuerza las policías municipales y
estadales, para que convivan coordinadamente con la Policía Nacional.
Se trata de volver a descentralizar la seguridad ciudadana, como lo
ordena la Constitución, para evitar que esa suerte de nacionalización
policial contenida en la Ley de Policía Nacional, haga ineficientes y
casi inútiles los cuerpos de seguridad más cercanos a los ciudadanos.
Esta ley también pretendería el fomento de la dotación policial para
darles a las Policías regionales mayor capacidad operativa.
4. Salario

Ante una economía altamente inflacionaria, se hace imperioso promulgar
un instrumento que permita la adecuación del salario al valor de los
bienes y servicios, evitando el empobrecimiento de los asalariados. El
instrumento sería el siguiente:

Ley de Protección Salarial y Anticipos de Prestaciones Sociales.

Para ello debería ampliarse la base de beneficios laborales excluidos
del régimen prestacional pretendiendo un acceso más frecuente a
mejores ingresos. Incluso reformar el tratamiento de los préstamos
laborales, disfrute y pago de vacaciones y prestaciones sociales para
que el trabajador pueda acceder a estos ingresos anticipadamente sin
agravar aún más la comprometida situación de los empleadores.
5. Pensiones

La situación de las personas de tercera edad es lamentable y en un
escenario de economía altamente inflacionaria, se hace necesario
proteger a quienes ya no están en edad productiva y requieren ayuda
del Estado para su sobrevivencia. La idea es dictar una:

Ley de Pensiones Universales No Contributivas

Su objeto sería crear un beneficio vitalicio a todas las personas de
edad avanzada, incluso a aquéllas que por su ocupación o por cualquier
circunstancia no hayan contribuido al seguridad social o lo han hecho
parcialmente. Este beneficio debería ser revisado constantemente para
homologarlo a las remuneraciones de los trabajadores activos.
6. Servicios Públicos

Cada se hace más notaria la precariedad de los servicios públicos, en
especial el agua potable, el servicio eléctrico, el transporte
público, las telecomunicaciones, así como la infraestructura asociada
a todos ellos. Para abordar con urgencia este tema se puede impulsar
el siguiente instrumento:

Ley de Descentralización y Asociaciones Estratégicas Para la Mejora de
los Servicios Públicos

Su objeto sería suprimir los monopolios y reservas que el Estado ha
asumido en la prestación de servicios públicos en detrimento de los
mismos, permitiendo que sean también asumidos por los Estados y
Municipios, incluso con asociaciones estrategias con empresas privadas
o mixtas mediante el otorgamiento de concesiones.

En materia de mejora de la infraestructura, incluyendo obras como
vialidad, acueductos, recolección de basura, puertos y aeropuertos, el
instrumento normativo que se podría aprobar sería el siguiente:

Ley de Asociaciones Público Privadas para el Desarrollo de obras Públicas

Mediante esta ley se permitiría y fomentaría que con financiamiento
multilateral que se repagaría mediante la explotación de concesiones,
empresas privadas asociadas con el Estado, puedan desarrollar obras de
gran envergadura y alta inversión indispensables para la mejor
prestación de los servicios antes señalados. Esta iniciativa ha sido
exitosa en muchos países del mundo y en especial en América Latina
donde no hay suficientes recursos para financiar estas obras de alta
monta.

Ley de Medios de Comunicación Públicos y Comunales

Con el fin de eliminar la hegemonía mediática de cualquier parcialidad
política, esta ley creará medios para asegurar el equilibrio
informativo y la independencia de los funcionarios a cargo de la
administración de los medios de comunicación del Estado y
comunitarios.
7. Vivienda

Para complementar y la incitativa denominada Misión Vivienda y
facilitar a los ciudadanos adquirir plena propiedad sobre viviendas
dignas, sería posible promulgar una:

Ley de Impulso al Desarrollo de Viviendas

Mediante esta ley se aclararía la situación de las viviendas ya
adjudicadas y las que en el futuro se adjudiquen a las personas
beneficiarias, permitiendo que puedan disponer plenamente de las
mismas, previa verificación de la adjudicación y ocupación de la
vivienda. Igualmente se institucionalizaría la adjudicación de títulos
de propiedad sobre bienhechurías construidas en terrenos municipales.
Finalmente en esta ley se incluiría la idea de los hogares semillas
que permiten que desde un estructura mínima el beneficiario pueda ir
ampliando modularmente su vivienda progresivamente, para ello se
contaría con la coparticipación de la empresa privada mediante
créditos a la construcción en condiciones favorables, evitando que los
recursos que hoy en día facilita por ley la banca privada, terminen en
las manos ineficientes del Estado y generen corrupción.

Además de lo anterior, se hace indispensable la revisión de la
legislación en materia de arrendamientos de viviendas pues se ha
pretendido proteger tanto a los inquilinos que ya no existe un oferta
suficiente de viviendas en alquiler afectándose así a las familias
jóvenes que no pueden adquirir una casa propia. Para ello se puede
promulgar una:

Ley de Fomento Arrendaticio

Su objeto sería establecer parámetros razonables para evitar abusos en
el aumento de los cánones de arrendamientos, pero a la vez permitir
que los inquilinos morosos o quienes usen indebidamente los inmuebles
alquilados, puedan ser desalojados en beneficio de otras personas que
necesiten esa vivienda, para elo se conferiría un plazo máximo al
propietario para volver a arrendar el inmueble a un nuevo
arrendatario.
8. Corrupción

El patrimonio dela República se ha visto severamente afectado por
prácticas corruptas que implican la comisión de delitos por parte de
funcionario públicos y particulares. Para tratar de reversar ese daño
al patrimonio de todos, se dictaría el siguiente instrumento:

Ley de Repatriación de Capitales Corruptos

Se promulgaría una Ley con impacto en el área de corrupción y en el
área económica. Su objeto sería establecer los mecanismos de enlace
internacional para obtener información y medidas de cooperación que
permitan rastrear los capitales objeto de delitos contra el patrimonio
público, a los fines de ejecutar medidas para su incautación y
repatriación previa orden de los tribunales venezolanos.

Ley de transparencia en los procesos de contrataciones públicas

Con la finalidad de incrementar la eficiencia en el sistema de
contratación pública en un momento en el que se requiere la
recuperación de la infraestructura nacional, la Asamblea Nacional
promulgaría una ley que establezca las licitaciones abiertas como
regla general de contratación y otros mecanismos solo en casos
excepcionales, eliminando la posibilidad de la contratación directa y
sustituyéndola con otros mecanismos de mayor transparencia. Igualmente
se establecerá el uso de mecanismos de control y administración de los
contratos públicos con la finalidad de asegurar el cumplimiento
estricto del contrato y el establecimiento de responsabilidades para
inspectores de obras públicas.
9. Presos Políticos

Es imperioso procurar la liberación de los presos políticos con la
finalidad de crear condiciones de paz y entendimiento nacional. Para
ello se propone dictar una:

Ley de Amnistía General

Su objeto sería conferir Amnistía general y plena a favor de todos
aquellos ciudadanos bajo investigación criminal, administrativa,
disciplinaria o policial, y a procedimientos administrativos o penales
con ocasión de protestas políticas y posiciones disidentes. Esta
Amnistía supondría también la finalización de las inhabilitaciones
políticas y los procedimientos relativos al allanamiento de la
inmunidad parlamentaria.

Ley de Garantía de la Independencia del Poder Judicial

Mediante esta ley la Asamblea diseñará el mecanismo de concurso
previsto en la Constitución Nacional para la designación de jueces con
la finalidad de eliminar la provisionalidad de los jueces venezolanos
y convertir a los profesionales del derecho más aptos para la
judicatura en verdaderos jueces dotados de estabilidad por la
titularidad del cargo. Esta Ley también establecerá la necesidad de
dotar a los funcionarios judiciales de salarios acordes con la
importante función de administrar justicia, así como medidas
relacionadas con la seguridad social, salud y facilidades para la
adquisición de viviendas dignas.


1. ACTIVIDAD INVESTIGATIVA

Consistiría en ejercer las iniciativas de investigación y control
parlamentario previstas en la Constitución, para abrir al debate
público casos y situaciones que la Asamblea Nacional se ha negado a
discutir e investigar. Los más importantes podrían ser:
1.Interpelación al Ministro de Alimentación y Seguridad
Agroalimentaria sobre de los niveles de escasez de los alimentos y
niveles de productividad de las fincas y predios expropiados o
intervenidos por el Estado.
2.Interpelación al Presidente de PEDEVAL y MERCAL sobre situación del
abastecimiento y su distribución de los productos de primera
necesidad.


3.Interpelación al Presidente de CENCOEX sobre la lista de empresas
que ha recibido divisas a tasas oficiales preferenciales.
Interpelación a ex ministros y ex presidentes de Finanzas y CADIVI
sobre entrega de divisas a empresas y cumplimiento con las
importaciones y distribución de productos importados.
4.Interpelación al Ministro de Salud y al presidente del IVSS sobre
niveles de inventarios de los medicamentos y situación de las
importaciones oficiales. Infraestructura de la red de salud, salarios
de los médicos de la red de salud pública.
5.Interpelación a la Fiscal del Ministerio Público y al Contralor
General de la República sobre casos de corrupción no investigados por
la Fiscalía o investigados y luego abandonados sin establecer
responsables.
6.Interpelación al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y a los
Jefes de Cuerpos de Seguridad ciudadana (PNB, CICPC y GNB) sobre las
medidas y planes de seguridad, así como situación de casos de
represión y violación de derechos humanos.
7.Interpelación al Presidente del BCV sobre ocultamiento de
indicadores económicos y sobre la política monetaria
8.Interpelación al Defensor del Pueblo sobre casos de violación de
DDHH no investigados o investigados pero que hayan quedado sin el
ejercicio de acciones por parte de ese despacho
9.Interpelación al Procurador General de la República sobre la defensa
en los arbitrajes internacionales de inversión, procesos para
designación de firmas de abogados internacionales y los acuerdos de
honorarios.
10.Interpelación al Presidente de PDVSA sobre estado actual de la
producción petrolera.

Fuente: http://unidadvenezuela.org/2015/10/oferta-legislativa-para-el-cambio/

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